Entre 1784 y 1871, los norteamericanos nativos cedieron a los blancos casi 810 millones de hectáreas, en 370 tratados que casi siempre se firmaron bajo coacción o con engaño deliberado. La Ley Dawes de Distribución General de 1887 y las enmiendas añadidas hasta principios del siglo XX redujeron aun más el territorio indio en los EE UU, que bajó de 56 millones de hectáreas a 14 millones en 1934. Casi la mitad de este territorio estaba sometido a supervisión federal.
Los indios acudieron a los tribunales pidiendo justicia, y sus demandas inundaron el sistema judicial. En 1946, el Congreso de los EE UU formó la Comisión de Reclamaciones Indias (ICC) para atender las demandas de los nativos. En ninguno de los casos estudiados se contemplaba la devolución de las tierras reclamadas, sino tan sólo una compensación económica por la tierra expropiada.
La ICC funcionó hasta 1978 y se disolvió dejando 68 casos sin resolver.
Una de las reclamaciones más persistentes es la de los shoshones del oeste, cuyos antepasados firmaron el tratado de Ruby Valley en 1863. La tierra ancestral que reclaman incluye un tercio del estado de Nevada, donde existen numerosas e importantes instalaciones del gobierno. Los shoshones insisten en que ellos no renunciaron a sus tierras en el tratado de Ruby Valley, sino que, simplemente, autorizaron a los blancos a utilizarlas. El caso fue estudiado por la ICC, que comprobó que, efectivamente, el tratado había servido de pretexto para la apropiación ilegal de 10 millones de hectáreas de tierras shoshones. La ICC ofreció una compensación de unos 42 centavos por hectárea, el precio de la tierra en 1863, pero los shoshones del oeste no han aceptado dinero a cambio de su tierra, porque muchos de ellos creen que la Madre Tierra no se puede comprar ni vender. En la actualidad, los shoshones han elevado al Congreso sus reclamaciones territoriales.
En Canadá existen problemas similares. Uno de los casos más trágicos, difíciles y prolongados de la historia legal canadiense es el de los cris de la bahía de James, enzarzados en una lucha en defensa de sus tierras contra la compañía energética Hydro-Québec, que pretende construir en ellas el mayor complejo hidroeléctrico de Norteamérica. Hydro-Québec ha sumergido ya bajo el agua 11.400 kilómetros cuadrados de tierra y ha provocado trastornos ecológicos en otros 17.600 km2. Se dice que la contaminación con mercurio a causa de la descomposición de árboles y plantas afecta al pescado que capturan y consumen los cris, y se ha comprobado que algunos ancianos tienen en sus cuerpos un contenido de mercurio 20 veces mayor que el nivel aceptable. La respuesta del gobierno ha consistido en aconsejar a los cris que dejen de comer pescado. En 1984, durante la migración de los caribúes del río George, una repentina descarga de agua del embalse de Caniapiscau ahogó a más de 10.000 animales. Los continuos problemas ambientales han reforzado la oposición de los cris al proyecto y sus exigencias de estudios ambientales concienzudos antes de construir nuevas presas. Tanto los cris como otras comunidades de nativos canadienses han reclamado insistentemente la intervención del gobierno, pero la respuesta oficial los ha dejado escépticos y frustrados.
También existen disputas territoriales entre naciones indias, que son consecuencia de las diferencias culturales, el sistema de reservas y los problemas del crecimiento demográfico. A menudo, estos conflictos se complican debido a la intervención del gobierno o de empresas energéticas ansiosas por saber con quién deben negociar la utilización de las tierras en disputa. Uno de estos pleitos enfrenta a los hopis con los navajos (dineh) del suroeste. El territorio tradicional de los hopis de Arizona se solapa con el de los navajos.
La reserva hopi está completamente rodeada por la reserva navajo. Ambas tribus se declaran originarias de la misma tierra y la consideran sagrada. El tratado de 1882, en virtud del cual se creó la reserva hopi, prometía «proteger» también a los demás indios que vivían allí. En 1882 había en la reserva compartida unos 1.800 hopis y 400 navajos, pero la población navajo creció mucho más que la hopi: en 1900, los hopis eran aproximadamente 2.000, mientras que los navajos eran ya 7.500; en la actualidad hay unos 10.000 hopis y casi 275.000 navajos. En 1950, había en la reserva hopi más navajos que hopis, y hacia 1968 las tensiones tribales entre estos enemigos tradicionales empezaban a desbordarse. En 1974, el Congreso intervino para separar a ambos pueblos, dividiendo oficialmente la reserva hopi.
Los navajos recibieron más de 364.000 hectáreas de tierra hopi y otras 162.000 hectáreas en otra parte, como compensación por la tierra perdida por los 5.000 navajos que se vieron obligados a abandonar la nueva y reducida reserva hopi. Los hopis perdieron la mitad de su reserva, pero sólo cien de ellos se vieron obligados a mudarse de las tierras adjudicadas a los navajos. Sin embargo, los años de litigio, la resistencia de los navajos de la Gran Montaña a trasladar su residencia, y la constante atención de la prensa hacen que el conflicto diste mucho de haber concluido. Este caso ha sentado un precedente para las tribus que pretenden recibir tierras y no dinero en compensación por su territorio perdido. Pero aún faltan por resolver muchos problemas, el más importante de los cuales es que los hopis no han recibido ni tierra ni dinero a cambio de la tierra perdida. También el coste social ha sido elevado, debido especialmente a los trastornos ocasionados al reinstalar a los navajos.
La solución dada en Canadá a uno de estos conflictos es un ejemplo de innovación positiva en el proceso de reconocimiento de los derechos territoriales de los nativos. En junio de 1993, el parlamento canadiense aprobó el Acuerdo de Reclamación Territorial de Nunavut, que los inuit habían ratificado en 1992. De este modo se definía un nuevo territorio autónomo, Nunavut («Nuestra tierra» en inuktituk, el idioma inuit), que empezará a existir legalmente a comienzos del siglo XXI). Nunavut es la tierra ancestral de los inuit, que han vivido durante miles de años en el Ártico oriental y central. Según el acuerdo, recibirán 350.000 kilómetros cuadrados y más de mil millones de dólares canadienses pagaderos en 14 años, más el derecho de caza y recolección y una representación equitativa en los organismos encargados de la gestión de la naturaleza, los recursos y el medio ambiente. Repartirán con el gobierno federal los derechos de explotación del gas, petróleo y minerales en tierras de la Corona y conservarán los derechos sobre los minerales en un diez por ciento de la tierra, así como el derecho a negociar con las industrias instaladas en territorio inuit. Además, se crearán tres parques nacionales.